La tarde del viernes 22 de febrero la embajada de Corea del Norte, situada en el madrileño distrito de Aravaca, no lejos de la central del CNI, fue asaltada.
Antes de entrar a analizar los hechos, en base a la información disponible, queremos poner en contexto a nuestros lectores, con dos aclaraciones previas:
1.El secuestro de una embajada es un hecho gravísimo, que afecta tanto a la seguridad nacional del país titular de la sede diplomática como del Estado en el que se encuentra abierta la embajada. Por ello creemos que la importancia que en los medios de comunicación se ha dado al suceso, no se corresponde con la gravedad del mismo.
2.El suelo de una sede diplomática se considera territorio del país titular de la embajada. Pero todo lo que rodea a la embajada, por tierra, mar y aire, es territorio del Estado que acoge dicha embajada. Dicho de otro modo: para entrar o salir de una embajada hay que pasar, irremediablemente, por el territorio, el espacio aéreo y/o las aguas territoriales de la nación en la que se encuentra ubicada la edificación diplomática. Obviamente, a todos los efectos, la legislación que se aplica es la vigente en el país donde se encuentra la embajada, excepto para aquellos hechos que sucedan exclusivamente en el interior de la sede diplomática y que no impliquen ningún tipo de relación o consecuencias sobre la seguridad del Estado que acoge la embajada. Si bien es cierto que el personal de la sede diplomática que cuente con pasaporte diplomático goza de un estatus especial que le permite gozar de cierta inmunidad en el país en el que se ubica la embajada.
Dicho esto, entramos en materia.
Esa tarde de la fecha mencionada antes, una trabajadora de la embajada salta por la ventana de la segunda planta, gritando y pidiendo socorro y auxilio en su idioma. El griterío es tal que los vecinos de la zona, alarmados, llaman a la policía.
Se presenta en la embajada un vehículo patrulla de la policía nacional, cuya pareja de agentes se encuentra a la mujer, que es trasladada a dependencias policiales donde declara, con intérprete, que la sede diplomática ha sido asaltada por un equipo armado que tiene como rehenes, al menos a seis personas y que se están llevando, fundamentalmente, material informático.
La decisión que se toma, oída la declaración de la empleada, por parte del responsable policial al mando, es que los agentes de policía llamen al timbre de la embajada. Éstos cumplen la orden y un hombre, de rasgos asiáticos, con un pin del presidente de Corea del norte en la solapa, abre la puerta y les dice que no se preocupen porque todo está en orden. Los agentes se conforman con esta lacónica explicación (tampoco tienen instrucciones de hacer más averiguaciones ni profundizar en la investigación) y se retiran con la orden, únicamente, de permanecer en los alrededores vigilando pero sin intervenir.
En ese tiempo, ninguna autoridad ni responsable político ni mando policial da orden de despliegue al Grupo Especial de Operaciones, que además cuenta en ese momento con un grupo activo en Madrid, ni da instrucciones a los agentes sobre el terreno para realizar más averiguaciones ni avanzar en las pesquisas, ni solicita la intervención de un negociador de la policía, ni pide ningún tipo de apoyo operativo de ninguna clase.
La intervención policial se limita, prácticamente, a seguir el procedimiento habitual cuando un vecino da aviso por un bar con exceso de ruido. Ni siquiera llega a ser comparable a un aviso por una pequeña riña o pelea callejera. Todo el incidente se despacha con un coche patrulla y dos agentes. Posteriormente, cuando el suceso en sí ya ha pasado, si se presentan más efectivos policiales.
Los agentes que se quedaron de vigilancia vieron, a última hora de la tarde, sobre las 22h, dos vehículos, ambos con matriculas diplomáticos, salir a gran velocidad y con las luces apagadas, de la embajada; se trataba de un Audi de color gris y una furgoneta Mercedes. Ambos fueron encontrados, en las horas posteriores, abandonados en distintos puntos de la capital.
No hubo heridos graves. El Samur solo realizó algunas intervenciones, en el mismo lugar de los hechos, por lesiones leves o crisis de ansiedad. No fue necesario el traslado al hospital de nadie.
La declaración de todos los testigos que sufrieron el asalto en el interior de la sede diplomática es coincidente: un grupo de hombres armados y rasgos orientales entraron por la fuerza, les hicieron rehenes, estuvieron varias horas en el edificio diplomático y, finalmente, se fueron con abundante material informático.
La Comisaría General de Información y el Centro Nacional de Inteligencia se han hecho cargo de la investigación.
Preguntas que, desde Alertas y Curiosidades, dejamos abiertas para que vosotros, nuestros lectores, saquéis vuestras propias conclusiones:
¿Conocéis algún asalto con rehenes a una embajada o consulado en el que las autoridades del país en el que se encuentra abierta la embajada se hayan limitado a mantener una posición pasiva y meramente observadora de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
¿Se puso gratuitamente en peligro la libertad, la integridad física y/o la vida de los agentes que, sin preparación específica en operaciones especiales ni en negociación, cumplieron la orden de llamar a la puerta de la embajada sin saber ni lo que se iban a encontrar ni la respuesta que iban a recibir?
En cualquier caso, ya que los agentes estaban allí ¿no deberían haber recibido instrucciones de pedir, al menos, al individuo que les abrió la puerta, que mostrara su acreditación diplomática?
¿Es normal que no se desplegara en la zona ninguna unidad de operaciones especiales, ni siquiera preventivamente por si fuera necesario actuar?
¿Es normal que se dejara salir a los asaltantes del recinto sin intentar hacerles un seguimiento, ni siquiera aéreo para, si no interceptarlos, al menos averiguar su destino o donde se dirigían?
¿Se puede efectuar una operación de inteligencia de estas características, en un país occidental y razonablemente avanzado, como España, sin la colaboración, el apoyo o al menos la autorización explícita o implícita de las autoridades y el servicio secreto del Estado en el que se encuentra la embajada?
¿Habrá realmente una investigación policial y judicial o el asunto irá quedando progresivamente diluido en el olvido?
Nuestra conclusión, en base a los hechos conocidos y la información publicada:
-El asalto fue obra de un equipo de operaciones a las órdenes de un servicio de inteligencia extranjero.
-Creemos que no se podría llevar a buen término una operación de estas características en España sin la autorización, la complicidad, el consentimiento o, al menos, el conocimiento permisivo de las autoridades españolas y/o del CNI.
